Ante la falta de infraestructura peatonal y la deficiencia del transporte público en Ciudad Juárez, es evidente la necesidad de contar con una mayor infraestructura urbana que permita salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
En lo que va del año, la Coordinación de Seguridad Vial ha registrado 65 accidentes viales que involucran a peatones, de los cuales ocho personas perdieron la vida. El año pasado, se registraron 251 atropellos y se contabilizaron 23 decesos, informó Arlín Vargas, vocera de Seguridad Vial.
De acuerdo con la corporación, varios factores intervienen en este tipo de accidentes, incluyendo distracciones al momento de conducir, exceso de velocidad y falta de respeto a los señalamientos viales. Sin embargo, también hay una parte de responsabilidad por parte del peatón.
A nivel internacional, iniciativas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la Nueva Agenda Urbana buscan alcanzar la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano a partir de los criterios de la Agenda 2030. Esto establece un método de trabajo para todos los actores públicos y privados que intervienen en las ciudades, con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad.
La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de mayo de 2022, establece en el artículo 1, apartados IX y X, la necesidad de “establecer los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros, y promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial”.
El Artículo 6 decreta la Jerarquía de la movilidad, donde se destaca que “la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad”.