El pleno del Senado aprobó con 84 votos a favor, un proyecto para que las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno promuevan la realización de acciones y programas de capacitación de paridad de género, así como atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables.
La reforma plantea que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana debe prevenir la violencia infantil, juvenil y contra la mujer, promover la erradicación de las agresiones ejercidas contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, afromexicanos, adultos mayores y personas con discapacidad, dentro y fuera del seno familiar.
Para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública tendrán la obligación de asistir y participar en las capacitaciones que se lleven a cabo en relación con programas de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables.
